ADN fiscaliza a Tonello en Pichincha mientras calla por caso de Vinces y los alcaldes vinculados con el narco.

La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), con vocerías destacadas como la de la asambleísta Diana Jácome, desató una intensa controversia política al priorizar pedidos de fiscalización contra Alexandro Tonello, actual candidato a la Prefectura de Pichincha y líder en las encuestas de intención de voto. La arremetida gubernamental contra figuras de la oposición en la capital contrasta de forma notoria con el silencio legislativo del oficialismo frente a graves casos de presunta penetración del crimen organizado en administraciones municipales afines, como el escándalo judicial que rodea al alcalde de Vinces.

La ofensiva del régimen de Daniel Noboa se materializó tras la entrega de un expediente a la Contraloría General del Estado sobre supuestas irregularidades en la contratación pública en Pichincha. Sin embargo, diversos sectores políticos y analistas cuestionan el uso del aparato estatal para fines electorales, señalando que mientras el bloque de ADN enfoca su radar fiscalizador en debilitar candidaturas punteras en la Sierra, evita pronunciarse con la misma firmeza ante autoridades locales procesadas penalmente por lavado de activos y narcotráfico en la Costa ecuatoriana.

La ofensiva de ADN contra el candidato favorito en Pichincha

El Gobierno nacional y legisladores de ADN concentraron sus baterías fiscalizadoras sobre Alexandro Tonello a raíz de denuncias sobre presuntas anomalías en más de 300 contratos que sumarían USD 10,5 millones. Los señalamientos oficiales apuntan a adjudicaciones relacionadas con la empresa Tonello Soluciones Integrales Cía. Ltda., compañía vinculada a las actividades productivas y de riego del actual aspirante a la prefectura provincial.

Ante estas acusaciones promovidas desde las filas gubernamentales, Tonello respondió mediante una carta pública en la que rechazó de forma categórica cualquier acto ilícito. El aspirante aclaró que la empresa mencionada fue constituida legalmente mucho antes de su vinculación a la función pública y que las contrataciones correspondieron a procesos competitivos, transparentes y apegados a la normativa vigente. Asimismo, enfatizó que durante su gestión como viceprefecto la firma jamás suscribió contratos con el Gobierno Provincial de Pichincha.

En su pronunciamiento, Tonello denunció que el oficialismo utiliza las instituciones públicas para ejecutar una campaña de desprestigio ante la imposibilidad de alcanzar competitividad en las urnas. El candidato resumió el escenario político con una frase contundente: «No hay ilegalidad, hay campaña política». Con este argumento, exigió al presidente Daniel Noboa y a los asambleístas de ADN que dejen de utilizar los recursos del Estado para interferir en el proceso electoral seccional.

El sonado caso de Vinces y la omisión fiscalizadora

El celo fiscalizador exhibido por la bancada de Gobierno contra la oposición en Pichincha choca de frente con la tibia postura oficial ante el proceso judicial que sacude a la provincia de Los Ríos. El pasado 28 de octubre de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron un megaoperativo que concluyó con la detención de Juan Alfonso Montalván Cerezo, alcalde del cantón Vinces, junto a varios integrantes de su núcleo familiar y colaboradores cercanos.

La justicia dictó prisión preventiva en contra del burgomaestre de Vinces por el presunto delito de lavado de activos, derivado de movimientos financieros injustificados que superan los USD 3,2 millones a través de constructoras y cuentas personales. Los informes de las autoridades investigativas señalan presuntos vínculos entre las redes de financiamiento del municipio y estructuras de delincuencia organizada dedicadas al narcotráfico y al tráfico ilícito de armas en el litoral ecuatoriano.

A pesar de la gravedad de los hechos imputados y del impacto institucional que representa la detención en funciones de una autoridad cantonal vinculada al crimen organizado, la bancada de ADN y sus voceros han evitado convocar sesiones especiales o exigir auditorías urgentes sobre la gestión municipal en Vinces. Esta marcada diferencia de criterio alimenta los reclamos ciudadanos respecto a una presunta justicia selectiva operada desde el poder político.

Cuestionamientos a la selectividad de Diana Jácome y el bloque oficialista

La asambleísta Diana Jácome, quien ha liderado iniciativas de control político y comisiones legislativas en la Asamblea Nacional, ha mantenido una línea discursiva enfocada primordialmente en fiscalizar a las autoridades y postulantes del movimiento Revolución Ciudadana. Esta estrategia de confrontación permanente ha generado roces constantes en el Pleno y acusaciones de instrumentalizar el control legislativo para favorecer a las cartas de ADN de cara a los comicios seccionales.

Observadores políticos y dirigentes de oposición denuncian que la Comisión de Transparencia y las instancias de fiscalización parlamentaria operan con un doble rasero evidente. Mientras se despliegan recursos mediáticos y administrativos para cuestionar a Tonello en Pichincha y a Pabel Muñoz en la Alcaldía de Quito, las alarmas sobre narcopolítica, economías criminales y lavado de dinero en los gobiernos locales de la Costa no reciben el mismo tratamiento riguroso ni comparecencias de ministros de Estado.

Desde el correísmo se ha calificado esta postura como un intento sistemático de persecución política. Los legisladores de la bancada opositora sostienen que el Gobierno busca desviar la atención pública de la crisis de inseguridad, los apagones y la desaceleración económica, recurriendo a denuncias sin sustento penal para intentar recortar distancias en plazas electorales donde el oficialismo muestra debilidad territorial.

El escenario político y judicial que definirá la contienda

La pugna entre el Ejecutivo y las administraciones locales se adentra en una fase decisiva a medida que avanza el calendario electoral fijado por el Consejo Nacional Electoral. La Contraloría General del Estado deberá tramitar la documentación remitida por la Presidencia respecto a los contratos en Pichincha, un proceso administrativo que no cuenta con plazos perentorios de resolución ni determina por sí mismo culpabilidades penales.

Por su parte, el proceso judicial contra el alcalde de Vinces entra en la etapa de instrucción fiscal de 90 días, en la que los peritajes contables y las investigaciones policiales determinarán el alcance real de las redes delictivas infiltradas en el cantón riosense. La presión pública sobre el Ministerio del Interior y la Asamblea Nacional crecerá en la medida en que la ciudadanía demande transparencia absoluta y un combate real a las mafias, sin distinciones de banderas partidistas.

Con las candidaturas en firme para la Prefectura de Pichincha y los municipios del país, la fiscalización parlamentaria se mantendrá como el epicentro de la disputa política. La coherencia de los bloques legislativos y de sus voceros dependerán de su capacidad para demostrar que el control público responde al interés nacional y no al cálculo de conveniencia electoral para inclinar la balanza en las urnas.

Fuentes: primicias.ec, vistazo.com, equinocciodigital.com